Cazador y em-Presa

La Dirección del Trabajo, según la Ley Orgánica que la regula y las disposiciones del Código del Trabajo, tiene dentro de sus funciones no solo fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, sino también actuar como mediadora y promotora de buenas relaciones laborales. La mediación, en este contexto, debiera estar orientada a resolver conflictos con equilibrio, generando confianza tanto en empleadores como en trabajadores.

Sin embargo, en la práctica, muchas empresas perciben que este organismo adopta un rol predominantemente persecutor: las fiscalizaciones tienden a centrarse en la detección y sanción de infracciones más que en la búsqueda de soluciones colaborativas. Las empresas empleadoras enfrentan multas que la gran mayoría de las veces se aplican por el monto máximo permitido por la ley, y siempre sin fundamentos, ya que el informe de la fiscalización no se informa al empleador, pero sí a la parte trabajadora. Ello genera un clima de desconfianza que, lejos de favorecer el diálogo social, incentiva la judicialización de los conflictos laborales.

La consecuencia es clara: la Dirección del Trabajo, que debiera ser un espacio de acercamiento y construcción de acuerdos, termina siendo vista como un actor punitivo más que como un facilitador. Este desbalance no solo contraviene el espíritu de las normas que le exigen actuar sobre la base del principio de colaboración con las partes, sino que además reduce la efectividad de su labor preventiva.

La mediación, para ser real, útil y dar certeza a los intervinientes, exige neutralidad, escucha activa y un efectivo interés en que las partes se entiendan. Cuando predomina la lupa del inspector por sobre la mano del mediador, el resultado es predecible: menos acuerdos, más multas, y una percepción pública de que el Estado llega siempre “con la boleta en la mano” en vez de con una propuesta de solución.

En suma, si la Dirección del Trabajo quiere cumplir con el mandato que el legislador le asignó, debe recalibrar su brújula institucional, esto es, dejar de concebirse a sí misma y actuar como “un ente público persecutor” y convertirse en una instancia confiable donde empresas y trabajadores puedan resolver sus diferencias antes de llegar a un tribunal.

Columna de Opinión de Manuel Tagle